EL DERECHO A LA PROTECCIÓN A OTROS ANIMALES

Durante las últimas dos semanas en el país se han hechos visibles tres situaciones que sin ser excepcionales, y más bien cotidianas en diversos lugares y poblaciones de la geografía nacional, de leerse en conjunto dan cuenta de que en el país aún está abierto el debate sobre la situación de la protección de otros animales y que es necesario establecer nuevas medidas que les permitan vivir con mayor bienestar.

El primer hecho se presentó en Dos   Quebradas, donde hace aproximadamente quince días, un perro Bull Terrier atacó a un menor de edad dejando graves secuelas en su muslo izquierdo y su abdomen. Teniendo en cuenta que la raza del canino se encuentra entre las consideradas potencialmente peligrosas por la ley 746 de 2002 es susceptible de sacrificio por las lesiones ocasionadas al niño.  El caso ha levantando polémica pues organizaciones y activistas han realizado campañas para evitar el castigo, mientras otras personas lo reclaman. Ante esta situación, el padre del menor, Carlos Alberto Bedoya, a pesar de verse consternado ante el apoyo dado al canino y no a su hijo, ha sido capaz de indicar que de ser posible que el perro se reeduque, estaría de acuerdo con que no fuera sacrificado, aunque pone el acento en que a lo que si se opone es que los perros permanezcan con personas irresponsables como las propietarias de “Rocko” el animal en cuestión.

El segundo hecho acaecido en la ciudad de Bogotá tuvo como protagonista a la comunidad del barrio Siete de Agosto que reclamó para que el perro “Jonas” de raza san bernardo, pudiera ser atendido en una veterinaria y rehabilitado pues estaba en condiciones de desnutrición, enfermedades, con las cuerdas vocales cortadas,  totalmente encerrado y era víctima de constantes maltratos. Ante la importante cantidad de personas del barrio que solicitaron la libertad de Jonas, la persona que reclamaba la propiedad sobre el can accedió a que la ciudadanía entrará para llevarse al perro y prestarle la atención precisa.

El tercer hecho vivido en Envigado, involucró al joven Miguel Ángel Palacio, quien buscando detener el maltrato contra un perro fue asesinado por el hombre que estaba causando daño al can y que hirió al hermano menor de Palacio. Ante tal situación, organizaciones protectoras de animales, familia y amigos y amigas de Miguel Ángel, se pronunciaron reclamando justicia.

Un balance

En los tres casos se evidencia que sectores de la población colombiana se han movilizado con el objetivo de proteger los derechos de los animales, en ocasiones apoyando el accionar del Estado, pero en otras evidenciando lo restringido de su actividad. Es decir, se ha presentado un cambio en las orientaciones con respecto al tema del maltrato a los otros animales. Sin embargo, hechos como el ocurrido en Envigado, también demuestran que en ocasiones se reacciona con violencia, irrespeto, intolerancia o diferencia a las pretensiones de las personas de procurar por el bienestar de los otros animales, actitudes, que en el presente caso dejaron un resultado lamentable.

La ley se debe encargar de regular las diferentes relaciones sociales, y teniendo en cuenta que las últimas son dinámicas las normas no pueden quedarse atrás frente a las transformaciones sociales. Desde el siglo pasado, la apertura a nuevas racionalidades y el accionar de los movimientos de protección animal han exigido al Estado un cambio en la legislación sobre los otros animales, llegando a demandas como la de dotar a las otras especies de derechos. Con respecto a ello, Estados como el colombiano aún no han sabido cómo responder, y se mantienen en la tesis de que los otros animales a pesar de que no deben ser maltratados, son bienes de los humanos y por lo tanto no pueden tener derechos.

El crecimiento de una ciudadanía que pretende proteger a los otros animales en un contexto de violencia e intolerancia, exige de manera urgente una nueva normatividad en el país, ante la falta de voluntad del Estado de reconocer derechos a otras especies, y la discusión inacabada entre los movimientos de protección animal sobre este punto, cabe plantear otras alternativas, como por ejemplo, que a la ciudadanía se le reconozca el derecho a expresarse y tomar acciones en contra del maltrato animal, y que en caso de que por el ejercicio de tales actividades sufran de violencia física o discriminación, a las sindicaciones por lesiones personales, asesinato o discriminación se les imponga un agravante por vulnerar el derecho a la protección de otros animales.

De esta manera no entraríamos en la polémica de adjudicar o no derechos a los otros animales, pero estableceríamos mecanismos para que las personas que deseen proteger a otros animales expresen libremente y con mayor seguridad sus convicciones y en caso de que se les afecte por esto, las personas involucradas reciban las penas correspondientes. Como se ve, tal vez sea preciso pensar que en Colombia se hace necesario establecer el derecho a la protección de otros animales.

Autor: Oscar Javier Martínez Cruz

Voluntario del proyecto PROAMA de la Fundación PULSO